Diputados avalan reforma que redefine el abuso sexual y establece que el silencio no es consentimiento

En una sesión que se prolongó por casi tres horas, la minuta —previamente avalada por el Senado de la República— recibió 431 votos a favor de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

La modificación impacta los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Durante la discusión, los legisladores de Morena Julio César Moreno y Julieta Vences señalaron que la nueva redacción establece que el abuso sexual comprende cualquier acto de índole sexual realizado sin autorización expresa, incluidos tocamientos, roces, caricias o exhibiciones de contenido sexual explícito. Con ello, afirmaron, se eliminan ambigüedades legales que en el pasado favorecieron la impunidad.

La reforma precisa que el consentimiento debe ser libre y voluntario, y que queda invalidado cuando medien violencia, amenazas, intimidación, engaño, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la víctima. De manera explícita, el texto aprobado indica que la pasividad o el silencio nunca constituyen una autorización válida.

Asimismo, se establece que el delito será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la víctima.

Reducción de penas genera debate

Aunque la iniciativa fue respaldada por todas las bancadas, uno de los puntos que generó mayor discusión fue la disminución de la sanción base. La pena actual, de seis a diez años de prisión, se ajustó a un rango de tres a siete años.

El argumento de la mayoría legislativa fue evitar lo que denominaron “populismo punitivo”, al considerar que el endurecimiento automático de penas no siempre reduce la incidencia delictiva. También señalaron que las agravantes previstas permitirán aumentar la condena en casos específicos.

Desde el Partido del Trabajo (PT), legisladoras como Marycarmen Bernal y Lilia Aguilar manifestaron su desacuerdo con la reducción de la pena, aunque decidieron no presentar reservas para no retrasar la entrada en vigor de la reforma. Anunciaron, sin embargo, que impulsarán una propuesta adicional para incrementar las sanciones.

Por su parte, Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la inclusión de agravantes claras puede compensar la disminución del castigo base.

Nuevas agravantes y reparación del daño

La enmienda amplía las circunstancias que agravan el delito, incorporando factores como el abuso de autoridad, la utilización de drogas, alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima, así como el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto.

También obliga al responsable a reparar integralmente el daño, contempla medidas para evitar la reincidencia y establece la obligación de asistir a programas con perspectiva de género.

Exigen recursos para su aplicación

Aunque el respaldo fue generalizado, legisladoras de oposición advirtieron que la eficacia de la reforma dependerá de que se asignen recursos suficientes. La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ariana Rejón, señaló que sin presupuesto para ministerios públicos, peritajes, refugios y atención psicológica, la modificación podría quedar solo en el papel.

En el mismo sentido, la panista Ana María Balderas subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos con personal capacitado y con perspectiva de género.

Con su aprobación, la reforma avanza como un cambio significativo en la legislación penal mexicana, aunque el debate sobre las sanciones y la suficiencia presupuestal anticipa nuevas discusiones en el Congreso.