Cámara de Diputados turna a comisiones reforma electoral de Claudia Sheinbaum; plantea reducir Senado y modificar elección plurinominal

La Cámara de Diputados recibió y envió a comisiones la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual contempla cambios en 11 artículos de la Carta Magna.

El proyecto propone disminuir el número de integrantes del Senado de la República de 128 a 96, así como modificar el mecanismo de designación de 200 diputados de representación proporcional, con el objetivo de que su integración no dependa únicamente de acuerdos internos de las dirigencias partidistas.

Entre los puntos centrales también se incluye una reducción del 25 por ciento al financiamiento ordinario de los partidos políticos y la prohibición expresa de recibir recursos de procedencia ilícita o provenientes del extranjero. La propuesta busca evitar interferencias indebidas y reforzar la autenticidad del voto.

Asimismo, se plantea que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera puedan solicitar información relevante sobre candidaturas, con el fin de proteger la integridad de los comicios.

En materia presupuestal, la iniciativa modifica el artículo 41 constitucional para ajustar la fórmula de asignación de recursos públicos. Actualmente, el cálculo se basa en el número de ciudadanos inscritos en el padrón multiplicado por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la propuesta reduce ese factor a 48.75 por ciento.

También se obligaría a partidos, precandidatos y candidatos a reportar al Instituto Nacional Electoral (INE) todos sus ingresos y egresos, incluidos activos financieros y virtuales. Las aportaciones de personas físicas no podrían realizarse en efectivo, sino únicamente por transferencia electrónica, con reporte bancario al órgano electoral.

La iniciativa mantiene el principio de representación proporcional, pero propone modificar su operación. Se eliminaría el sistema de listas regionales y la asignación por porcentaje nacional de votación.

De las 200 diputaciones plurinominales, 100 corresponderían a los candidatos con los mejores porcentajes en sus distritos sin haber obtenido el triunfo, y las otras 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo candidaturas de mexicanos residentes en el extranjero.

En cuanto al Senado, se suprimirían 32 escaños de representación proporcional.

La propuesta también establece que los mexicanos que residan fuera del país deberán acreditar más de tres años en el extranjero para poder contender por una diputación federal.

En artículos transitorios, la presidenta plantea que a partir de 2027 las remuneraciones de consejeros y funcionarios del INE, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no superen el salario de la titular del Ejecutivo federal.

Si bien se mantiene la estructura de los OPLE, se elimina su atribución en materia de educación cívica.

Respecto al cómputo de votos en elecciones locales, se propone que inicie la misma noche de la jornada electoral, a partir de la recepción del primer paquete en los consejos distritales, y no hasta el miércoles siguiente, como ocurre actualmente.

Otro eje de la reforma contempla regular el uso de contenidos generados o modificados con Inteligencia Artificial en procesos electorales. Todo material alterado mediante estas tecnologías deberá estar claramente identificado por su emisor. Además, concesionarios de radio y televisión y plataformas digitales tendrían la responsabilidad de advertir o evitar la difusión de contenido no etiquetado, conforme a lo que determine la ley.

La iniciativa también amplía los mecanismos de participación ciudadana al reconocer en el artículo 115 constitucional el derecho a consultas populares, referéndums y plebiscitos en el ámbito municipal. Los congresos locales definirían el porcentaje requerido para solicitarlos, con un límite máximo de 2 por ciento del listado nominal, y los resultados serían vinculantes si participa al menos 40 por ciento del padrón.

La presidenta afirmó que la revisión del modelo electoral no implica una ruptura ni una restricción al pluralismo político, sino un proceso de fortalecimiento institucional. Sostuvo que su propuesta no busca alterar las reglas por motivos coyunturales, sino atender desafíos como el alto costo del sistema, la complejidad administrativa y los riesgos de financiamiento irregular.

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma pretende consolidar un modelo electoral más eficiente, con mayor legitimidad pública y una participación ciudadana más activa en la vida democrática del país.