Jueces federales fallan miles de veces contra detenciones migratorias del gobierno de Trump

Más de 4 mil 400 resoluciones emitidas desde octubre de 2025 por jueces en distintos puntos de Estados Unidos han determinado que la administración del presidente Donald Trump incurrió en detenciones migratorias contrarias a la ley, según un análisis de expedientes judiciales difundido por Reuters.

Las decisiones judiciales cuestionan el cambio de criterio adoptado por el gobierno federal respecto a una disposición vigente desde hace casi 30 años, la cual permitía que ciertos inmigrantes con residencia previa en el país pudieran enfrentar sus procesos en libertad bajo fianza mientras sus casos eran revisados por tribunales migratorios.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson aseguró que la administración “actúa conforme al mandato presidencial y en apego a la legislación federal en materia migratoria”.

No obstante, algunos jueces han expresado críticas severas. El magistrado federal Thomas Johnston, de Virginia Occidental, señaló en una resolución reciente que resulta “alarmante” que el Ejecutivo pretenda que los tribunales modifiquen o ignoren el texto claro de la ley. Su pronunciamiento se dio al ordenar la liberación de un ciudadano venezolano que permanecía bajo custodia.

Durante el actual mandato, el número de personas retenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó aproximadamente 68 mil este mes, lo que representa un incremento cercano al 75 por ciento en comparación con el inicio de la gestión presidencial el año pasado.

Paralelamente, la agencia proyecta una ampliación significativa de su capacidad operativa. De acuerdo con un documento divulgado por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, el ICE contempla una inversión de 38 mil 300 millones de dólares para adquirir y adecuar más de 20 inmuebles como centros de detención, con el objetivo de elevar la capacidad a 92 mil 600 espacios.

El plan, identificado como Proyecto de reorganización de la detención y avalado por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), prevé la compra y modernización de ocho complejos principales y 16 centros de procesamiento adicionales. Los primeros tendrían capacidad para entre 7 mil y 10 mil personas, mientras que los segundos podrían alojar de mil a mil 500 cada uno. Además, se contempla la incorporación de 10 instalaciones ya operativas. La meta oficial es que todas las sedes estén en funcionamiento antes del 30 de noviembre de 2026.

El anuncio se produce en medio de un posible cierre presupuestario del DHS, derivado de desacuerdos entre demócratas y republicanos en torno a la actuación de agentes federales, luego de dos incidentes armados mortales en Mineápolis.

En este contexto, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que se pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Yemen desde hace una década. La funcionaria argumentó que, tras evaluar la situación en ese país y consultar con distintas agencias gubernamentales, se concluyó que ya no cumple con los criterios legales para mantener dicha designación.

Actualmente, alrededor de mil 400 ciudadanos yemeníes se encuentran amparados por ese mecanismo de protección en territorio estadunidense.