Oposición en San Lázaro rechaza analizar reforma electoral y acusa simulación en el debate

A pesar de que la discusión de una reforma electoral ya se encuentra en puerta, los grupos de oposición en la Cámara de Diputados manifestaron su resistencia a analizar el tema, al advertir falta de claridad en la elaboración de la iniciativa y acusar a Morena y sus aliados de intentar simular un debate legislativo.

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Noemí Berenice Luna Ayala, sostuvo que desde la creación de la Comisión Presidencial encargada de redactar la iniciativa, el proceso se ha vuelto “atípico” y enrarecido, al excluir a legisladores federales de su integración.

La diputada panista cuestionó que dicha comisión esté conformada únicamente por personas afines a la llamada Cuarta Transformación, sin la participación de un solo diputado o senador, cuando —dijo— una reforma de esta magnitud debe discutirse y resolverse al interior del Congreso de la Unión, que representa a toda la República.

Asimismo, criticó el acuerdo impulsado en la Comisión Permanente para llevar a cabo supuestas “consultas”, al señalar que carecen de fechas, ejes temáticos y mecanismos claros de participación. Luna Ayala enfatizó que el PAN no respalda este esquema y reiteró que una reforma electoral requiere un parlamento abierto o, al menos, consultas públicas en las 32 entidades federativas, con la inclusión de temas fundamentales para la vida democrática del país.

No obstante, la también integrante de la Comisión de Reforma Política-Electoral reconoció que existen asuntos de interés para su partido que podrían ser discutidos, como la regulación de la sobrerrepresentación en el Congreso, la anulación de procesos electorales cuando exista intromisión del crimen organizado, la regulación de las campañas internas de los partidos políticos y el tema de la revocación de mandato, entre otros.

Por su parte, el PRI ha advertido que Morena y sus aliados buscan únicamente simular un debate sin apertura real, lo que, aseguran, debilita la credibilidad del proceso legislativo en torno a una posible reforma electoral.