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Consejera del INE rechaza contrato millonario para documental sobre elección judicial

  • Foto del escritor: El Informador de Hidalgo
    El Informador de Hidalgo
  • 27 ene
  • 2 Min. de lectura

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) difundiera la semana pasada en su portal la asignación de un contrato a Gilberto Solís para la producción de un documental sobre la elección del Poder Judicial, con un costo superior al millón de pesos, la consejera electoral Carla Humphrey se deslindó públicamente del acuerdo y lo calificó como un gasto injustificado.


A través de su cuenta en la red social X, Humphrey afirmó que el INE cuenta con personal capacitado y recursos técnicos suficientes para elaborar una miniserie con elementos gráficos propios, sin necesidad de recurrir a una contratación externa.


La consejera subrayó que no participó en dicha adjudicación y tomó distancia de la decisión tomada por otros funcionarios del organismo electoral, a quienes vinculó con la persona responsable del proyecto audiovisual.


El señalamiento surgió luego de que, al interior del INE, circulara información que apunta a que Gilberto Solís Mendívil, identificado como representante de empresas del sector de la comunicación, mantiene una relación cercana con Lourdes Peña, asesora de la presidencia del instituto.


Humphrey precisó además que entre sus facultades no se encuentran las relacionadas con la contratación de bienes o servicios, aunque dejó claro su desacuerdo con este procedimiento, en el que, señaló, intervinieron varias personas, algunas de las cuales presuntamente reciben ingresos del propio INE y que previamente formaron parte de una misma agencia de publicidad.


La adjudicación generó controversia debido a que la miniserie, enfocada en narrar la primera elección del Poder Judicial, tendría un costo aproximado de un millón 157 mil pesos.


A la polémica se suma que el productor del proyecto, Gilberto Solís, ha sido vinculado en investigaciones relacionadas con presuntos desvíos y simulación de contratos por un monto superior a los 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo, lo que incrementó los cuestionamientos en torno a la contratación.


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